Elizabeth BurgosLunes, 25 de mayo de 2009 Analítica.com
Cada año, cuando se acerca el fin del mes de mayo, se llega al término de su condena, se le plantea a la dictadura birmana el dilema de qué hacer para prolongar el cautiverio de Aung San Suu Kyi, la líder de la Liga Nacional por la Democracia (LND).
Según la ley birmana – es sabido que las dictaduras se amparan en máscaras legales – la detención máxima a la que un prisionero puede ser sometido antes de ser juzgado no puede ser mayor de cinco años. La junta birmana no ha encontrado hasta ahora una acusación suficientemente grave como para someter a juicio a la célebre líder, pues la falta mayor en la que ha incurrido Aung San Suu Kyi es la de haber liderado el partido que ganó las elecciones legislativas en 1990 por absoluta: victoria que los militares que detentan el poder se negaron a reconocer.
Hace pocos días, cuando estaba por cumplirse el lapso requerido para que le fuera permitido abandonar su estatus de arresto a domicilio, he aquí que se introduce “clandestinamente” en la morada de la líder birmana, un norteamericano que habría atravesado a nado durante la noche el lago Inya, en cuyas inmediaciones está situada la desvencijada casa que le sirve de cárcel. Hecho que mueve a sospecha cuando se sabe el control férreo al que está sometido el domicilio de la líder birmana por las autoridades militares. Incidente que ha servido de pretexto para someter a juicio a la prisionera acusada de haber violado las normas del arresto domiciliario al que fue sometida en 2003. El delito del que se le acusa es susceptible de una condena de cinco años, que deberá cumplir en la cárcel de Insein, junto a los 2.500 prisioneros políticos que la junta mantiene encarcelados.
Para la junta deshacerse de la presencia de Aung San Suu Kyi es indispensable antes de las elecciones que deben celebrarse próximamente que, según la junta, deberían llevar al país hacia el establecimiento de un gobierno civil, a condición de que esté dirigido por una personalidad que tenga la experiencia de haber pasado por lo menos diez años en el ejército, y esté bajo el control de un Parlamento en el que una cuarta parte esté integrado por militares. La LND está reconocida como un partido político en Birmania, de allí la necesidad de poner fuera de acción a su líder más popular.
Es imposible prever la reacción de la población si la líder más popular del país es condenada y encarcelada, desprovista d toda posibilidad de acción política.
Cabe recordar las revueltas de los monjes budistas hace un año, que pese a la férrea dictadura, salieron a las calles a manifestar. Es muy posible que se repita de nuevo el movimiento de protesta, pero la junta, que goza del apoyo de una poderosa fuerza militar destinada exclusivamente a la represión de su propia población, pues ningún país ha tenido la intención de invadir Birmania, es sorda a las protestas y a las sanciones internacionales.
Es sabido el odio que le profesa a la líder demócrata el general Than Shwe, jefe de la junta militar, por lo que las protestas de la población están destinadas a sufrir, como es habitual, la represión más sanguinaria ante la mirada indiferente del mundo.
El caso birmano se asemeja a la orientación que está tomando el caso venezolano en más de un aspecto, incluso en el trato que le dan los medios, porque si se tratara de la dictadura de Pinochet, cada infracción de los derechos humanos, repercutiría con contundencia en todos los medios. Pertenecer al campo del socialismo, exime de culpas. Es muy posible, que el origen del poder militar birmano que se instauró como república socialista, sea la explicación.
Después de la independencia, la Unión Birmana se encaminó hacia una verdadera prosperidad. Pero en 1962, el general Ne Win toma el poder gracias a un golpe de Estado e instaura un régimen centralizado. La constitución adoptada en 1948 fue abolida en 1962. El gobierno opta por una política de la “vía birmana al socialismo” que se salda, como era de esperarse, por una catástrofe economía, acompañada de una disminución radical de las libertades personales. Los sectores más importantes de la economía fueron nacionalizados.
A partir de 1974, una nueva Constitución rige los destinos del país en tanto que república socialista, hasta el golpe de Estado militar de 1988, que no aplica la constitución heredada, pero tampoco la ha remplazado por otra. El objetivo que busca la junta es institucionalizar mediante una nueva constitución un papel permanente a los militares en el poder. El nuevo golpe de Estado de 1988 instaura la pena de muerte, tras una represión sangrienta. A partir de entonces, el Consejo de Estado por el establecimiento de la ley y del orden se instaura y cambia el nombre del país que pasa a llamarse Myanmar. Las elecciones de 1990, celebradas bajo los auspicios del liderazgo Auun de le otorgan una victoria masiva al partido de oposición, pero la victoria no es reconocida por la junta y la junta arrecia su política represiva.
Desde entonces los militares ejercen el poder absoluto, el general en jefe de las Fuerzas armadas, ejerce la autoridad legislativa y ejecutiva con la ayuda de la asamblea constituyente. Todos los tribunales civiles han sido suspendidos.
Las protestan de 1988, dejaron un saldo de 10.000 muertos.
Las sanciones económicas decretadas por la comunidad internacional, no hacen mella en la junta convertida en una “narco-dictadura”, en tanto que primer país productor de opio y de heroína del mundo. Las zonas de producción de la amapola son las zonas controladas por el ejército.
La China, se ha convertido en el país de tránsito para la distribución de la droga, al mismo tiempo que le vende a Birmania ingentes cantidades de armas: 45% del presupuesto del Estado está consagrado a las Fuerzas Armadas. La China no es todavía el imperio absoluto, como lo afirmó el teniente-coronel Hugo Chávez en su última visita a ese país, pero si tiene suficiente influencia como para mantener bajo su protección, las dictaduras que convengan a su carrera expansionista y al asentamiento de un poderío globalizado. La dictadura venezolana está bien encaminada para gozar de ese privilegio: de Bolivia a Venezuela, la China puede disponer de los hidrocarburos, la materia más codiciada para su desarrollo e incluso de la droga.
Se menciona con frecuencia en Venezuela el caso de Hitler o de Mussolini en relación a la tipificación del régimen actual de Venezuela, pero sería bueno que se analizaran casos como el de Birmania, en donde se encuentran ingredientes muy cercanos al caso venezolano. La preeminencia de los militares en a política y la economía, sin todavía haberse convertido en productora de drogas, es conocido su papel como vía de tránsito de la droga colombiana administrada por las FARC. Las técnicas de represión, las máscaras de la democracia, aceptando la existencia de un partido de oposición, pero asesinando y reprimiendo a los opositores que gozan de apoyo popular, los escenarios y los montajes mediáticos para justificar el asedio “legal”, son rasgos que aproximan esos dos modelos de dictadura.
Cabe preguntarse el por qué el caso de Aung San Suu Kyi no ha conmovido a los militantes defensores de los derechos humanos de una manera más activa, cotidiana y persistente, como sucedió con el caso de Ingrid Betancourt, cuando la figura de la birmana es ejemplar como postura ética y como figura inquebrantable de la lucha por la democracia.
Es curioso que un caso tan emblemático como el de la líder birmana, no haya suscitado la creación de comités de apoyo que lleven a cabo una campaña internacional que obligue a actuar de manera decisiva a los gobiernos y motive a los medios de manera permanente, única condición para que el caso de la anomalía que significa el gobierno militar birmano, deje de actuar de manera a anónima, e impune, protegido por el silencio. Incluso en ese aspecto, existen semejanzas con Venezuela.
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