La Junta Militar de Birmania gestiona los campos de refugiados por el tifón Nargis como prisiones fuertemente vigiladas, a cuyos 'reclusos' se les controlan las visitas y no pueden salir del recinto para buscar a sus familiares desaparecidos.
Fuentes de la disidencia y testigos informaron de que los refugiados están vestidos con ropa similar a la carcelaria y un número de registro que deben mostrar siempre, y sólo pueden ser visitados por un miembro de su familia que así lo acredite con un documento oficial.
Además, los encuentros deben celebrarse en una sala especial, bajo la atenta mirada de un agente de los servicios de inteligencia.
Cualquier paquete de comida debe ser entregada a las autoridades del campo, cuyos responsables obligan a las aldeas cercanas a hacerles 'donaciones voluntarias' de agua potable, arroz, mantas o ropa.
Por otra parte, miembros del exilio birmano en Bangkok denunciaron que los puestos de control del Ejército en el delta del río Irrawaddy confiscan a las ONG internacionales la mitad de cada cargamento de material de emergencia que llevan a la zona.
Las agencias de ayuda humanitaria recelan del criterio de reparto de la asistencia por parte de las autoridades de la Junta Militar, que insiste en encargarse de forma exclusiva de la distribución de la ayuda.
El régimen admite por ahora 23.458 muertos y 33.416 desaparecidos por el ciclón que asoló hace nueve días el sur del país, aunque la ONU calcula entre 63.000 y 102.000 muertos, otras 220.000 personas en paradero desconocido y casi dos millones sin hogar.
Mientras tanto, el Gobierno birmano, por medio de su poderoso aparato de propaganda, sigue ocultando a la población la auténtica magnitud del desastre y bombardea imágenes del líder del régimen, Than Shwe, y otros generales dando ayuda a los damnificados, sin mencionar los miles de cadáveres que todavía flotan en el delta.
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