En entrevista con EL TIEMPO poco antes de viajar al país asiático, Tomás Ojea Quintana habló de la Junta Militar que gobierna desde 1962 y que tiene varias cuentas pendientes por saldar.
A los llamados de la comunidad internacional para que lleve a cabo una reforma democrática y ponga en libertad a los presos políticos, se sumó la condena en junio pasado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la violación sistemática de las libertades básicas, y la exigencia de dar libre acceso a las organizaciones humanitarias a las zonas devastadas por el ciclón 'Nargis', que en mayo pasado dejó unos 138 mil muertos y más de 2,5 millones de damnificados.
Apenas ahora, tres meses después de que la comunidad internacional denunció al régimen por bloquear la ayuda internacional humanitaria para las víctimas de 'Nargis', la Junta Militar permitió la entrada del relator especial del Consejo de Deerechos Humanos de la ONU, Tomás Ojea Quintana, quien remplazó a Paulo Sergio Pinherio, a quien el régimen del general Than Shwe le negó el visado por sus denuncias.
Ojea es un abogado de 36 años, con una maestría en derecho internacional en la Universidad de Washington, y que proviene de una familia diezmada por la represión de la última dictadura militar argentina (1976-1983).
También es defensor de las Abuelas de Plaza de Mayo en múltiples causas judiciales por la restitución de menores secuestrados o nacidos en cautiverio, y luego dados en adopción ilegal.
¿En que consiste el mandato que acaba de otorgarle la ONU?
Me han designado experto independiente para seguir el caso de Birmania. Debo informar a este Consejo sobre las violaciones de los derechos humanos y buscar que se mejore la situación. Para mí es muy importante la actitud de los países vecinos. Tienen vínculos culturales, hay maneras de pensar en común y relaciones importantes de amistad y económicas. Ellos pueden ayudar a que mejore la situación.
Usted acaba de presentar al Consejo de DD.HH. de la ONU un informe preliminar de la situación. ¿Cuál es el balance?
Tengo fuentes de información para saber lo que está sucediendo, incluso sin visitar el país. Voy a confrontar mis datos con las autoridades. Sin embargo, le indiqué al Consejo que han ocurrido serios incidentes que siguen comprometiendo el respeto de los derechos humanos.
Cité, por ejemplo, el caso de la Premio Nobel de Paz, Aung San Suu Kyi, que está en prisión domiciliaria desde hace cinco años y el Gobierno acaba de prolongársela un año más. Esa detención no guarda ninguna relación con los estándares de derechos humanos.
Luego hay que ver lo sucedido con el ciclón, que devastó el delta del país. La Junta Militar le da problemas a la ayuda internacional. No obstante, hay algunos progresos con Naciones Unidas y con la organización regional del sudeste asiático. Se ha permitido que entren los trabajadores sociales para asistir a las víctimas. El Gobierno, por omisión, estaba impidiendo que hubiera acceso al agua y a los productos de primera necesidad.
Muchos Estados acusan al régimen de continuar obstruyendo la llegada de ayuda humanitaria para los damnificados. La Unión Europea estima que eso justificaría el uso de la fuerza. ¿Cómo se califica jurídicamente ese hecho?
El punto de vista del derecho internacional de los DD.HH. es que los gobiernos están obligados a garantizar a las personas que habitan el país todos los derechos, en particular los económicos y sociales. Deben satisfacerlos con los recursos disponibles que tengan. Si esos recursos dentro del país no son suficientes, el Estado está obligado a aceptar los recursos que les sean ofrecidos desde afuera. Le he dicho al Consejo que eso podría constituir una violación grave a los derechos humanos en Birmania. Vamos a ver qué puedo verificar durante el viaje.
¿Cuál es su plan para ayudar a esa gente?
Tengo que cotejar la información, como para conseguir una real protección de los derechos humanos. Habrá que ver en qué condiciones me deja circular el Gobierno. Debo buscar ámbitos de diálogo con el Gobierno para que coopere con la ONU. Eso es muy importante, al menos en estos primeros pasos de mi mandato.
Quiero que mi informe de los acontecimientos sea incuestionable. Además, hay situaciones muy concretas que están pendientes, como la represión a las movilizaciones populares y de monjes de agosto y septiembre del 2007, donde hubo 31 muertos, y muchas desapariciones. He solicitado a las autoridades una investigación profunda y sanción a los responsables, y en eso no han avanzado.
Hace tres meses, el Gobierno realizó un referendo para aprobar una nueva Constitución y tiene previsto organizar elecciones en el 2010. ¿Cómo se percibe esa perspectiva desde la ONU?
La credibilidad de ese referendo está cuestionada. Se realizó en medio de los estragos provocados por el ciclón 'Nargis' y por ley penal estuvo prohibido todo tipo de expresión pública y política contrarias. Le he pedido al Gobierno un amplio informe público sobre la forma en que se llevó a cabo esa consulta.
En cuanto al proyecto de Constitución, creo que hay puntos que vulneran derechos humanos y me voy a pronunciar oportunamente. Sobre las elecciones generales previstas para el 2010, espero que constituyan un verdadero acto democrático, y que desde ahora y de forma progresiva se liberen los 1.900 presos políticos que hay en el país.
JUAN GASPARINI
PARA EL TIEMPO
GINEBRA
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