Las elecciones previstas para 2010 carecerán de credibilidad si la oposición sigue encarcelada
(Washington, DC) - El Gobierno militar de Birmania ha más que duplicado el número de presos políticos en los últimos dos años, lo que incluye más de un centenar de personas encarceladas en los meses recientes, señaló hoy en un nuevo informe Human Rights Watch. La población reclusa sentenciada a largas condenas de prisión por participar en manifestaciones pacíficas en 2007, y asistir a los civiles después de la devastación causada por el ciclón Nargis en 2008, ha superado los 2,200 presos políticos.
El informe de 35 páginas "Burma's Forgotten Prisoners" (Los prisioneros olvidados de Birmania), expone el caso de docenas de destacados activistas políticos, monjes budistas, activistas sindicales, periodistas y artistas detenidos desde las protestas políticas pacíficas de 2007, y condenados a penas draconianas de prisión durante juicios injustos. El informe se hizo público el 16 de septiembre de 2009 en una conferencia de prensa en el área capitolina a cargo de la senadora Barbara Boxer.
Human Rights Watch dijo que los gobernantes birmanos deben poner en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos de Birmania para que las elecciones previstas para 2010 puedan tener credibilidad. "Los generales birmanos están planeando celebrar unas elecciones el próximo año que serían una farsa si sus opositores siguen encarcelados", señaló Tom Malinowski, director de Incidencia Política en Washington para Human Rights Watch. "A pesar de las recientes visitas conciliadoras de oficiales de la ONU y otros funcionarios extranjeros, el Gobierno militar está aumentando en realidad el número de críticos que recluye en sus terribles prisiones", agregó.
La publicación del informe coincide con el lanzamiento de "2,100 para 2010", la campaña global de Human Rights Watch para la puesta en libertad de todos los presos políticos en Birmania antes de las elecciones de 2010.
"En julio, le pusimos el nombre de ‘2,100 para 2010' a la campaña, pero desde entonces, el número ha crecido a alrededor de 2,250", señaló Malinowski. "Estados Unidos, China, India y los vecinos de Birmania en el sudeste de Asia deben marcarse como objetivo prioritario en sus relaciones con el país la puesta en libertad de todos los presos políticos, y utilizar todos los instrumentos de influencia e incidencia a su alcance para lograrlo", agregó.
En una carta del 9 de septiembre a la secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Rodham Clinton, Human Rights Watch instó al Gobierno estadounidense a que revise su política con respecto a Birmania y se centre en la promoción de los derechos humanos mediante una diplomacia de principios, sanciones financieras más duras y una ayuda humanitaria adicional, pero adecuadamente supervisada.
Se ha encarcelado habitualmente durante años a los opositores políticos, los activistas y a otros con el coraje para manifestarse en contra el régimen militar o criticar las actuaciones o las políticas gubernamentales. Se sabe de 43 prisiones que albergan a activistas políticos en Birmania, y de más de 50 campos de trabajo en los que los reclusos tienen que realizar trabajos forzados.
La represión aumentó después de que el Gobierno aplastara el levantamiento popular, de agosto y septiembre de 2007, liderado en parte por monjes. En los juicios injustos celebrados a puerta cerrada o en el interior de las prisiones se ha condenado a largas penas de prisión a más de 300 personalidades de la política, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, artistas, periodistas, humoristas, blogueros y monjes y monjas budistas. Algunas de las condenas han superado los 100 años de cárcel. Los activistas fueron acusados principalmente de acuerdo con las disposiciones del código penal arcaico de Birmania, que criminaliza la libre expresión, las manifestaciones pacíficas y la formación de organizaciones independientes. Más de 20 destacados activistas y periodistas, entre ellos el humorista más famoso de Birmania, Zargana, fueron arrestados por hablar abiertamente de los obstáculos para la llegada de ayuda humanitaria después del ciclón Nargis, que azotó a Birmania en mayo de 2008.
En agosto, se recordó al mundo la brutalidad del Gobierno militar después de la detención, enjuiciamiento prolongado e injusto, y condena de la Premio Nóbel de la Paz Aung San Suu Kyi, después de que un intruso estadounidense allanara su casa. Suu Kyi, cuyo partido Liga Nacional por la Democracia ganó las últimas elecciones birmanas en 1990, ha estado encarcelada o bajo arresto domiciliario durante 14 de los últimos 20 años.
"Obtener la puesta en liberta de Suu Kyi es importante no sólo para su propio bienestar, sino también porque podría facilitar un proceso que permita la plena participación de la oposición en las elecciones y la sociedad birmana", señaló Malinowski. "Pero Suu Kyi no es la única persona que se enfrenta a una persecución por sus ideas políticas. Algunos como el humorista Zargana, encarcelado por criticar la patética respuesta del Gobierno al ciclón Nargis, o Su Su Nway, una valiente activista que lideró las protestas callejeras, también merecen la atención mundial", agregó.
El informe "Los prisioneros olvidados de Birmania" destaca los casos de presos políticos como:
- Zargana: En noviembre de 2008, un tribunal de Rangún condenó al destacado humorista y activista social Zargana a 59 años de prisión (una condena que se redujo posteriormente a 35 años) por desembolsar asistencia humanitaria y hablar con los medios internacionales acerca de sus frustraciones en la asistencia a las víctimas del ciclón Nargis. Zargana estuvo previamente detenido durante un año después de las manifestaciones pro democracia de 1988 en Birmania, y estuvo encarcelado durante cuatro años entre 1990 y 1994 por pronunciar discursos políticos. La policía volvió a arrestar a Zargana en septiembre de 2007 por apoyar públicamente las protestas de monjes y lo tuvo detenido durante 20 días. Zargana está cumpliendo su condena en una prisión de Myitkyina, en el estado de Kachin, al norte de Birmania, conocida por sus duros inviernos y la dificultad de acceso para los familiares. Su madre, Daw Kyi Oo, falleció en marzo de 2009, mientras Zargana estaba en prisión.
- U Gambira: El 4 de noviembre de 2007, las autoridades birmanas arrestaron a U Gambira, de 28 años, uno de los principales líderes de la Alianza de Monjes de Toda Birmania, que había encabezado las protestas de septiembre de 2007. El día del arresto de U Gambira, el Washington Post publicó un artículo de opinión en el que decía: "El uso de arrestos masivos, el asesinato, la tortura y el encarcelamiento por parte del régimen no ha logrado extinguir nuestro deseo de la libertad que nos robaron hace muchos años". El 21 de noviembre de 2007, U Gambira fue condenado a un total de 68 años de prisión (sentencia reducida desde entonces a 63 años), que incluía 12 años de trabajos forzados. Su hermano, Aung Ko Ko Lwin, fue condenado a 20 años de prisión por ocultarle, y fue encarcelado en la prisión de Kyaukpyu, en el estado de Arakan, mientras que su cuñado Moe Htet Hlyan fue encarcelado también por asistirle cuando estaba siendo perseguido por las autoridades
- Su Su Nway: En 2005, la activista pro derechos laborales Su Su Nway se convirtió en la primera persona en procesar con éxito a funcionarios locales por imponer trabajos forzosos, una violación habitual de los derechos humanos en Birmania. Su Su Nway, que sufre problemas cardíacos, fue condenada posteriormente a un año y medio de prisión en octubre de 2005, acusada de "emplear un lenguaje abusivo contra las autoridades". En 2006, la organización canadiense de derechos humanos Rights and Democracy le concedió el Premio a la Libertad John Humphrey. Fue detenida de nuevo en noviembre de 2007, después de haber liderado algunas protestas pacíficas ese mismo año. En noviembre de 2008 fue condenada a 12 años y medio de prisión después de ser acusada de traición a la patria e "intento de sembrar miedo o dañar al público".
- Min Ko Naing: Min Ko Naing, nacido en 1962, es el antiguo presidente de la Federación de Sindicatos de Estudiantes de Toda Birmania (ABFSU, por sus siglas en inglés) y uno de los líderes estudiantiles del "levantamiento del 8/8/88" contra la junta birmana, que empezó el 8 de agosto de 1988. Fue detenido en 1989 y condenado a 20 años de prisión por instigar "perturbaciones en detrimento de la ley y el orden, la paz y la tranquilidad". En noviembre de 2004, fue puesto en libertad después de cumplir 15 años de cárcel. Después de participar en manifestaciones pacíficas en agosto de 2007, fue detenido junto con otros líderes del movimiento 8/8/88. El 11 de noviembre de 2008, Min Ko Naing fue condenado a 65 años de prisión. Según informes, Min Ko Naing había sufrido torturas durante los períodos de detención.
Human Rights Watch expresó su grave preocupación por la salud de muchos presos recluidos en centros remotos con malas condiciones de salud e higiene. El Gobierno birmano debe permitir inmediatamente la reanudación de las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones para asistir a los reclusos, y conceder acceso a otras organizaciones humanitarias independientes. El Gobierno debe poner fin también a su práctica vergonzosa y punitiva de trasladar a presos a zonas remotas, generando una terrible carga a las familias para poder visitarles y suministrarles las medicinas y los alimentos que necesitan con urgencia.
"En lugar de enjuiciarles y encarcelarles, se debería permitir que personas como Zargana, U Gambira, Su Su Nway y Min Ko Naing ayudaran a su país", señaló Malinowski. "Cuando visiten Birmania, los funcionarios extranjeros no deben limitarse a pedir una entrevista con Aung San Suu Kyi, sino también con otros activistas políticos birmanos encarcelados para solicitar su opinión y demostrar apoyo a su valiente e importante labor", agregó.
Human Rights Watch señaló que durante este período crítico, los amigos del Gobierno birmano como China, India, Japón, Rusia y los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN, por sus siglas en inglés), los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de la ONU y otros deben utilizar su influencia para presionar a favor de la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
